Cada año, miles de empresas españolas dejan caducar un crédito de formación que ya han pagado a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social. No es una subvención que haya que solicitar: es dinero que la empresa genera automáticamente y que, si no se utiliza antes del 31 de diciembre, se pierde. Esta guía explica, paso a paso, cómo funciona ese crédito en 2026 y qué novedades introduce la normativa vigente.

Qué es el crédito de formación FUNDAE

Todas las empresas que cotizan por formación profesional en el Régimen General de la Seguridad Social disponen de un crédito anual para financiar la formación de sus trabajadores. Este crédito se genera automáticamente a partir de las cotizaciones del año anterior y se gestiona a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

El mecanismo es sencillo en su lógica: la empresa cotiza mensualmente un 0,7% de la base de cotización de cada trabajador en concepto de formación profesional. A final de año, la suma de esas aportaciones —multiplicada por un porcentaje que depende del tamaño de la plantilla— constituye el crédito disponible para el ejercicio siguiente. La empresa puede entonces utilizar ese crédito para pagar cursos de formación y recuperar la inversión mediante bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Lo que muchas empresas desconocen es que no se trata de una subvención que haya que solicitar en plazo competitivo, sino de un derecho adquirido por el mero hecho de cotizar. La diferencia es fundamental: el crédito ya está asignado, solo hay que usarlo.

Qué cambia en 2026: el Real Decreto 1189/2025

El Real Decreto 1189/2025, en vigor desde el 1 de enero de 2026, introduce modificaciones relevantes en el procedimiento de inspección y justificación de la formación bonificada. Aunque el sistema de créditos y porcentajes se mantiene, las empresas deben prestar atención a tres cambios procedimentales.

El primero afecta al proceso de regularización: la redacción vigente elimina la fase previa de alegaciones ante el SEPE. Ahora, tras la comprobación, las bonificaciones indebidamente aplicadas se comunican directamente a la Inspección de Trabajo para iniciar el procedimiento de reclamación mediante acta de liquidación. Esto acorta los plazos de reacción para la empresa.

El segundo cambio se refiere a las empresas que cesan actividad antes de fin de año: el plazo de bonificación se vincula al mes del ejercicio en que se produce el cese, eliminando ambigüedades previas.

El tercero es un refuerzo del enfoque probatorio: los costes bonificados deben quedar expresamente identificados en la contabilidad, con documentación justificativa disponible durante cuatro años. No es una novedad conceptual —ya figuraba en la normativa de 2017— pero su relevancia práctica aumenta con el nuevo procedimiento de inspección directa.

El proceso completo en 8 pasos

FUNDAE estructura el proceso de bonificación en ocho pasos que, una vez comprendidos, resultan ágiles. Lo más importante es respetar los plazos: el inicio del curso debe comunicarse con al menos 2 días naturales de antelación, y las modificaciones en grupos ya comunicados requieren 1 día de antelación.

Qué ocurre con las pymes de menos de 50 trabajadores

Las pymes merecen una mención especial porque el sistema de formación bonificada contiene mecanismos diseñados específicamente para protegerlas. El más relevante es el crédito mínimo de 420 euros, que se aplica a todas las empresas de 1 a 5 trabajadores independientemente de lo que hayan cotizado.

Este mínimo es posible gracias a un mecanismo de solidaridad dentro del propio sistema: las grandes empresas (250+ trabajadores) solo recuperan el 50% de lo que aportan a la cuota de formación profesional. La diferencia nutre un fondo común que permite a las microempresas acceder a un crédito superior al que generan por sí mismas. Es, en esencia, un mecanismo redistributivo integrado en el sistema de cotización.

Además, las empresas de menos de 50 trabajadores pueden acumular el crédito no consumido para los dos ejercicios siguientes, siempre que lo notifiquen antes del 30 de junio. Una pyme que no formó a nadie en 2025 podría sumar ese crédito al de 2026 y disponer de un presupuesto formativo significativamente mayor.

Modalidades de formación: la teleformación domina

El sistema admite cuatro modalidades: presencial, aula virtual, teleformación y mixta. En la práctica, la teleformación se ha consolidado como la opción preferida por la mayoría de empresas. Su flexibilidad permite a los trabajadores avanzar a su ritmo, sin desplazamientos y compatibilizando la formación con su jornada laboral.

Un dato relevante para 2026: el aula virtual se mantiene dentro de la modalidad presencial, y los trabajadores pueden solicitar permisos individuales de formación para asistir a acciones formativas impartidas mediante aula virtual. Esto amplía las posibilidades para empresas con equipos distribuidos geográficamente.

Errores frecuentes que las empresas deben evitar

Tras 28 años gestionando formación bonificada, los errores que observamos con mayor frecuencia son predecibles y, por tanto, evitables.

El más común es, sencillamente, no utilizar el crédito. Muchas empresas desconocen que lo tienen o postergan la decisión hasta que el plazo se agota. El segundo error es no comunicar el inicio del curso con suficiente antelación — el incumplimiento del plazo de 2 días implica que el grupo se considere como no realizado a efectos de bonificación. El tercero es no informar a la representación legal de los trabajadores, requisito cuyo incumplimiento impide directamente la adquisición del derecho a bonificarse.

Con la nueva normativa de 2026, se añade un cuarto error potencialmente más grave: no mantener la documentación justificativa en condiciones durante el periodo de cuatro años, lo que puede derivar en actas de liquidación e intereses de demora.

Cómo podemos ayudarte

Ciberaula lleva desde 1997 gestionando formación bonificada para empresas de todos los tamaños. Somos centro impartidor y entidad organizadora de formación programada. Eso significa que no solo impartimos los cursos, sino que nos encargamos de toda la gestión administrativa ante FUNDAE: comunicación de inicio, seguimiento, finalización y justificación.

Para la empresa, el proceso se simplifica a elegir los cursos y facilitarnos los datos de los participantes. Nosotros nos encargamos del resto.